El nivel de deuda pública en España, medida tanto en términos absolutos como en relación al PIB, se ha incrementado notablemente en los últimos años, alcanzando en diciembre de 2014 el 97,7% del PIB.

En 1996 la deuda pública española equivalía al 66% del PIB y en el 2007 bajó hasta el 35%. España se convirtió entonces en el país con menor deuda relativa entre los grandes de la Unión Europea. Sin embargo, el volumen total de deuda no bajó, sino que aumentó. Lo que explica esta aparente contradicción es que el PIB creció más de lo que lo hacía la deuda, haciendo así que el peso de la deuda sobre el PIB se redujera, dejando de ser un problema.

Mientras el crecimiento económico sea intenso y los tipos de interés se mantengan bajos, la deuda es sostenible. El problema se concentra en el enorme flujo de dinero que sale de las cuentas públicas para pagar intereses (35.000 millones de euros cada año, mucho más que en prestaciones por desempleo, por ejemplo) en beneficio de los grandes inversores e intermediarios financieros, a quienes tampoco conviene cobrar la deuda, sino seguir ingresando intereses.

Pero si la economía se estanca, si hay deflación o inflación cero y, sobre todo, si los tipos de interés suben, entonces tendremos un problema grave con nuestro nivel de endeudamiento que hará inevitable el debate sobre su reestructuración.