El Gobierno aprobó el pasado 5 de diciembre en Consejo de Ministros a través de un Real Decreto el Reglamento que fija los requisitos que van a tener que cumplir los programas de facturación que usan los autónomos y empresas para ser considerados legales. Cualquier software que incumpla estos criterios pasará a ser considerado ilegal y la Agencia Tributaria podría imponer a los negocios sanciones de hasta 50.000 euros por la mera tenencia de este sistema.