España es el quinto mayor proveedor internacional de armamento del mundo. Solo Estados Unidos, Rusia, Francia y Alemania superaron las exportaciones de material militar que alcanzó nuestro país en el año 2020 (último ejercicio con datos disponibles). El dato es casi más llamativo si se observa qué países quedan por detrás viendo que la presencia internacional de la industria de defensa española es mayor, por este orden, que la de naciones tan militarmente potentes como Corea del Sur, Italia, China, Países Bajos, Reino Unido, Australia e Israel.

Las devoluciones son un verdadero coladero de dinero para las plataformas de comercio electrónico. El transporte inverso, la verificación y comprobación del estado de los productos, el almacenamiento y su destrucción pueden suponer hasta el 4% de la facturación de una tienda en línea.

Aunque la pandemia fue el pistoletazo de salida, la crisis de los chips o semiconductores venía gestándose desde antes. En 2018 se inicia la guerra comercial entre China y Estados Unidos que comienza a poner palos en las ruedas del sector a base de bloqueos, aranceles y prohibiciones comerciales, como en el conocido caso de Huawei.

Estamos inmersos en una «revolución verde», que exigirá un cambio radical en el modelo no sólo energético, sino también económico. Sin embargo, esta transición tendrá un precio, un coste que se dejará sentir en el bolsillo de los ciudadanos, y que nos lleva a preguntarnos: ¿todos los países podrán asumir los gastos de transformación o solo los más ricos podrán transitar con éxito hacia lo verde?

Según los datos recopilados por Informa D&B, en España hay 39.560 empresas zombis. Es decir, compañías que, según la OCDE, tienen más de diez años de existencia y no cubren su carga de intereses con su excedente bruto de explotación durante al menos tres años consecutivos. Si se contabilizan aquellas sociedades que no tienen actividad comercial -están inscritas en el Registro Mercantil pero no operan, en particular, no publican cuentas- la cifra alcanza 1,4 millones de las más de 7 millones de empresas que componen la base de datos de Informa.

Según los datos que maneja la Confederación Española de Comercio, en 2020 unos 63.000 pequeños establecimientos, el 15% del total, echaron el cierre en una suerte de «apocalipsis retail» provocada por la crisis económica en que ha degenerado la pandemia de la Covid-19.

La necesidad de una verdadera voluntad política, acompañada de una planificación a largo plazo por parte de la Administración para la promoción de la movilidad eléctrica, es una exigencia de todos los sectores empresariales privados involucrados en la fabricación y planificación de automóviles electrificados y sus sistemas. Son necesarios una legislación y unos planes de ayudas que complementen el esfuerzo que la iniciativa privada está ya llevando a cabo desde hace años con fuertes inversiones y con logros patentes en el objetivo de descarbonización.

La caída alcanza el 2,8% hasta octubre y se encuentra en cifras de recesión. La industria del automóvil, que representa el 10% del PIB, consume un 11% menos de energía que hace un año