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Estas aportaciones del Estado se han cuadruplicado en las últimas dos décadas: en 2012 se situaron en 9.182 millones, según la liquidación definitiva, y fueron aumentando hasta los 15.687 millones de euros anuales en 2019, cuando todavía suponían menos de la mitad que ahora. La cuantía actual, de casi 39.000 millones de euros, previsiblemente volverá a subir el próximo año como consecuencia del incremento del gasto provocado por la subida de las pensiones.
Guerras, una pandemia, proteccionismo, inflación, cambio climático... El escenario económico ha dado un giro brusco y rápido tras décadas de relativa calma. Buen ejemplo de ello es Alemania (y de una forma más extensa la Unión Europea), un país que hace no tanto parecía tener una economía asentada en unos pilares indestructibles, y que ahora parece condenada a reinventarse a marchas forzadas con una transición de por medio dolorosa.
Después de tres años consecutivos de crecimiento y de aportar al Producto Interior Bruto (PIB), el sector exterior empieza a mostrar signos de debilidad, sobre todo en la venta de bienes al extranjero, y los expertos ya prevén que su contribución al crecimiento económico de España el año que viene sea nula o incluso negativa.
Más de 6.250 millones de euros. Es el impacto que genera Coca-Cola en la economía española, según un informe realizado por la consultora Steward Redqueen en base a la contribución de la compañía de bebidas a través de sus distintos canales de actividad en 2022. Se aprecia mejor con un dato: de cada euro gastado en bebidas de Coca-Cola, 77 céntimos revierten en el PIB nacional.
Deutsche Bahn, compañía alemana de transporte por ferrocarril, ha anunciado la venta de su filial internacional de transporte de cercanías Arriva –uno de los principales operadores en Galicia– al inversor financiero estadounidense I Squared Capital. Aunque ninguna de las compañías ha comunicado el precio de la operación se estima que el contrato valora a la empresa, que cuenta con unos 35.000 empleados, en 1.600 millones, cifra en la que está considerada deuda por valor de 1.000 millones.
El fin de la era de la globalización sin trabas es un negativo neto para la economía mundial. Las recesiones, la pandemia y la guerra han afectado al comercio. Las tensiones geopolíticas han generado nuevos aranceles y políticas industriales nacionalistas. La desglobalización hará las economías menos eficientes en general. Pero es probable que algunos países, materias primas y trabajadores de fábricas salgan beneficiados.
España es el segundo fabricante de vehículos de Europa y supera ampliamente el volumen de producción de Francia o Italia, pese a contar menos fábricas que estos países, actores históricos de la industria automovilística.
Históricamente, todas las crisis económicas graves en España han comenzado por el estrangulamiento del sector exterior. Esto no pasó a la historia cuando entramos en el euro, aunque algunos lo creyesen. Lo que en realidad ocurrió es que los desequilibrios se fueron acumulando hasta que estallaron.
Aunque tradicionalmente la competitividad se ha considerado un atributo asociado al comportamiento de las empresas, que marca la diferenciación entre estas y su capacidad para obtener resultados económicos, su concepto se ha ido ampliando a la esfera territorial. No existe una definición unánime de lo que se entiende por competitividad regional, si bien podemos dar por buena la referencia a la capacidad que tiene una región para ofrecer un entorno atractivo y sostenible para empresas y ciudadanos en todo lo referente a la inversión, el trabajo y las condiciones de vida.
Una sacudida corporativa que, según advierten las compañías de telecomunicaciones y los analistas, es síntoma de la debilidad de todo el sector en Europa, plagado de operadoras pequeñas o a lo sumo medianas, con trabas regulatorias para emprender la concentración y con modestas valoraciones bursátiles (por las reducidas rentabilidades y la necesidad de seguir inyectando inversiones milmillonarias en plena revolución tecnológica) que las dejan expuestas ante posibles compradores, también los indeseados.
El meollo de la cuestión se encuentra en uno de los hitos comprometidos por España con la Unión Europea para desbloquear uno de los desembolsos del paquete de ayudas previsto en los fondos Next Generation. El documento que el Ejecutivo de Sánchez remitió a Bruselas recoge un apartado dedicado a la "Reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica" y, dentro del mismo se incluye, literalmente, "crear un pago por uso de la red viaria de carreteras" como parte de las reformas en materia de movilidad sostenible. El texto, sin embargo, no desarrolla de qué manera se concreta esa medida.
Los fabricantes y empresas de automóviles que operan en España, asociadas en ANFAC, han alcanzado una facturación en 2022 de 70.392 millones de euros, un 15,8% más que el año anterior, tal y como recoge el Informe Anual 2022 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC). Este dato viene condicionado por las secuelas de la pandemia, la falta de suministros como consecuencia de la guerra de Ucrania y la crisis de los microchips, que ha afectado al ritmo de producción y matriculación. El sector espera una estabilización de las cifras si mejora la coyuntura económica.
En total, en España se han ensamblado más de 13 millones de coches de Citroën. Pero, ¿qué pasa con las piezas que componen esos coches, como son las bisagras para abrir y cerrar las puertas? El 50% de estas piezas también se fabrican en España, en concreto, en las fábricas que Edscha Gestamp tiene en España, siendo la más importante la de Santander. Stellantis supone el 40% del volumen de trabajo para esta planta.
La riqueza financiera neta de las familias españolas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) se situó en 2 billones de euros en el primer trimestre, lo que supone un aumento del 2,9% en tasa interanual, según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España este martes. Los datos también reflejan una moderación de la deuda de los hogares hasta el 51,1% del PIB, frente al 56,8% de marzo de 2022.
A dixitalización xa non é allea a ningunha peme que pretenda evolucionar e adaptarse aos tempos actuais tan cambiantes. Esta transformación dixital abrangue a día de hoxe todos os aspectos imaxinables da vida das persoas e tamén das actividades empresariais. Acorde a esta evolución tecnolóxica imprescindible, a Xunta de Galicia, a través do Igape, facilita axudas para levar a cabo proxectos e actuacións de cara á dixitalización da industria 4.0 co fin último de lograr a transformación industrial das empresas galegas gañando eficiencia e competitividade.